«La proclamación, carente de toda base legal y sustentada en argumentos fabricados, constituye un grave atentado contra los principios del Derecho Internacional y los derechos humanos», destaca el ente.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condenó este lunes la decisión del Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, de forma arbitraria para fundamentar la persecución sistemática contra la comunidad migrante venezolana.

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En este sentido, el comunicado manifestó que la “proclamación, carente de toda base legal y sustentada en argumentos fabricados, constituye un grave atentado contra los principios del Derecho Internacional y los derechos humanos”.

“La reciente deportación de 238 venezolanos hacia El Salvador, sin juicio ni debido proceso, y su reclusión en un centro de detención de alta seguridad, constituye un secuestro masivo, con la complicidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, liderado por el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, quienes han confesado públicamente su participación en esta operación ilegal”, resaltó el comunicado del ALBA.

Asimismo, alertó “la utilización de terceros países como centros de detención extrajudicial, en una práctica que representa un delito de lesa humanidad”.

También denunció esta política como “racista y xenófoba, constituye un ataque contra Venezuela y contra toda América Latina y el Caribe, al establecer un peligroso mecanismo de represión transnacional que puede ser aplicado contra cualquier otro pueblo de la región”.

En este sentido, llamó a “las naciones del Sur Global no pueden permanecer en silencio ante este atropello, que recuerda las etapas más oscuras de la historia reciente, cuando el uso de leyes discriminatorias justificó la segregación, la persecución y la supresión de derechos fundamentales”.

“El ALBA-TCP insta a la comunidad internacional a pronunciarse con firmeza contra esta política de agresión, y reitera su respaldo inquebrantable al pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, acotó el comunicado de la Alianza.

También argumentó que la intención es la estigmatización y criminalización a la diáspora venezolana para imponerle “un castigo colectivo, negándole su derecho a la defensa y exponiéndola a expulsiones arbitrarias, expropiación de bienes y la separación forzada de familias”.

De igual forma, el ALBA resaltó el precedente de esta acción jurídica como “nefasto que vulnera la soberanía de los Estados y atenta contra la dignidad de hombres, mujeres y menores de edad venezolanos”.

“Como entendieron los líderes fundadores de nuestra Alianza, solo la unidad y la resistencia de los pueblos podrán frenar las fuerzas de la intolerancia y la arbitrariedad que hoy amenazan nuestra soberanía y estabilidad regional”, subrayó el comunicado.

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